Debaten si el hallazgo de petróleo en Guyana beneficia o perjudica al país

Por: Gaiutra Bahadur/The New York Times

GEORGETOWN, Guyana — Basjit Mahabir no me deja entrar.

Estoy tratando de convencer a Mahabir de que abra la puerta cerrada con candado de Finca Wales, donde resguarda los restos destartalados de una fábrica rodeada de kilómetros de campos de caña de azúcar en barbecho. El cultivo y la molienda de azúcar en esta plantación a unos 15 kilómetros de Georgetown, la capital de Guyana, terminó hace siete años, y partes del complejo se han vendido como chatarra.

Le doy argumentos. “Viví aquí cuando era niña”, digo. “Mi padre dirigía el laboratorio de campo”. Mahabir es amable, pero firme. No voy a entrar.

Las ruinas son los vestigios de una industria azucarera que, después de enriquecer a los colonizadores británicos durante siglos, fue la medida de la riqueza de la nación cuando logró la independencia.

Ahora está previsto que la finca forme parte del último auge de Guyana, una fiebre petrolera que está remodelando el futuro del País. Esta nación de 800 mil habitantes está a la vanguardia de una paradoja global: aún cuando el mundo promete abandonar los combustibles fósiles, los países en desarrollo tienen muchos incentivos a corto plazo para comprometerse aún más con ellos.

Antes del petróleo, los fuereños principalmente venían a Guyana en busca de ecoturismo, atraídos por las selvas tropicales que cubren el 87 por ciento de su territorio. En el 2009, el esfuerzo para combatir el calentamiento global convirtió esto en un nuevo tipo de moneda cuando Guyana vendió créditos de carbono por un total de 250 millones de dólares, prometiendo esencialmente mantener ese carbono almacenado en los árboles.

Seis años después, Exxon Mobil descubrió un botín de petróleo bajo las aguas costeras de Guyana. Pronto, la empresa y sus socios de consorcio, Hess y la Corporación Nacional China de Petróleo Offshore, comenzaron a perforar a una velocidad inusual. El petróleo, que ahora se quema principalmente en Europa, está permitiendo más emisiones globales —y produciendo una riqueza colosal.

Se prevé que el hallazgo se convierta en la mayor fuente de ingresos de Exxon Mobil para finales de la década. El trato que lo hizo posible —y que dio a Exxon Mobil la mayor parte de las ganancias— ha sido motivo de protesta pública y una demanda, con un aparente consenso de que Guyana salió perdiendo. Pero el trato de todas formas ha generado hasta ahora 3.5 mil millones de dólares para el País, más dinero del que jamás haya visto, mucho más de lo que ganó con la conservación de árboles. Suficiente para trazar un nuevo destino.

El Gobierno ha decidido perseguir ese destino invirtiendo aún más en combustibles fósiles. La mayor parte de los ingresos del petróleo disponibles en su tesorería se destinarán a la construcción de carreteras y demás infraestructura, en particular un oleoducto de 245 kilómetros para llevar gas natural a tierra para generar electricidad.

El gasoducto atravesará la Finca Wales y llevará el gas a una planta de energía propuesta y a una segunda planta que utilizará los subproductos para potencialmente producir gas de cocina y fertilizantes. El proyecto costará más de 2 mil millones de dólares. La esperanza es que con un suministro abundante y predecible de energía barata, el País pueda desarrollarse económicamente.

Al mismo tiempo, el cambio climático azota las costas de Guyana; se prevé que gran parte de Georgetown estará bajo el agua para el 2030.

Descubrimiento y explotación de petróleo

Países como Guyana están atrapados en una tormenta que se avecina, donde las consecuencias de la extracción de combustibles fósiles chocan con los incentivos para hacerlo.

Durante siglos, las potencias extranjeras establecieron las condiciones para este pedazo de América del Sur en el Océano Atlántico. Los británicos, que tomaron posesión por primera vez en 1796, trataron la colonia como una gran fábrica de azúcar.

El País se liberó de sus grilletes imperiales hace 57 años, pero la auténtica democracia tomó más tiempo. No fue hasta principios de la década de 1990 que Guyana celebró elecciones libres. Comenzaron a surgir las instituciones de la democracia, como un poder judicial independiente. Y la legislatura aprobó una serie de sólidas leyes ambientales.

Ahora que Exxon Mobil ha llegado para extraer un nuevo recurso, algunos activistas ven esas protecciones como amenazadas. Critican al gigante de los combustibles fósiles, con ingresos globales 10 veces mayores que el producto interno bruto de Guyana, como un nuevo tipo de colonizador y han demandado a su Gobierno para presionarlo para que haga cumplir sus leyes.

Vickram Bharrat, Ministro de Recursos Naturales, defendió la supervisión gubernamental del petróleo y el gas. “No hay evidencia de parcialidad hacia ninguna corporación multinacional”, dijo. En un comunicado, Exxon Mobil dijo que su labor en el proyecto de gas natural “ayudará a proporcionar electricidad alimentada por gas, confiable y con bajas emisiones a los consumidores de Guyana”.

El mundo se halla en una coyuntura crítica y Guyana se encuentra en la encrucijada. El descubrimiento de petróleo en Guyana ha abierto interrogantes de enorme importancia. ¿Cómo se puede exigir a los países ricos que rindan cuentas de sus promesas de abandonar los combustibles fósiles? ¿Pueden las instituciones de una democracia frágil mantener a raya a las grandes corporaciones? ¿Y qué tipo de futuro promete Guyana a sus ciudadanos al apostar por materias básicas que gran parte del mundo promete volver obsoletas?

La independencia llegó a Guyana en 1966, pero los gobiernos estadounidense y británico llevaron al poder al primer líder de Guyana, Forbes Burnham, un abogado negro a quien consideraban más dócil que Cheddi Jagan, un hijo radical de trabajadores de plantación indios, que era visto como un peligro marxista. Pero Burnham se volvió dictatorial y, en un giro del destino geopolítico, socialista.

En la década de 1970, Burnham tomó control de los recursos del País, nacionalizando la producción de azúcar y la minería de bauxita. Al igual que otras ex colonias, Guyana quería romper con el imperialismo tanto en lo económico como en lo político.

La muerte de Burnham en 1985 desencadenó acontecimientos que empezaron a cambiar el País. Jagan, para entonces ya un anciano, fue electo Presidente. Pronto, una generación más joven de su partido asumió el poder y acogió el capitalismo.

Las empresas privadas nuevamente podían ofertar por los vastos recursos de Guyana. Luego vinieron pruebas de los peligros de la extracción descontrolada. En 1995, una presa en una mina de oro de propiedad canadiense se derrumbó. Los 1.5 mil millones de litros de desechos cargados de cianuro que había retenido contaminaron dos ríos importantes.

La tragedia llevó a la acción. Al año siguiente, el Gobierno aprobó su primera ley de protección ambiental. Siete años después, se añadió a la Constitución el derecho a un medio ambiente sano.

Por un momento, el capital natural de Guyana —las vastas selvas tropicales que lo convierten en uno de los pocos países que es un sumidero neto de carbono— figuró entre sus activos más preciados. Bharrat Jagdeo, entonces Presidente, vendió el carbono almacenado en sus bosques a Noruega para compensar la contaminación causada por la propia producción de petróleo de ese País en el 2009. Los grupos indígenas recibieron 20 millones de dólares para desarrollar sus aldeas y obtener títulos sobre sus tierras ancestrales.

Y entonces Exxon Mobil halló petróleo.

La visión de una Guyana verde compite ahora con su estatus en rápido crecimiento como una de las nuevas fuentes de crudo más grandes del mundo. Jagdeo, que ahora es Vicepresidente de Guyana, pero aún dicta gran parte de la política gubernamental, es un ferviente partidario del proyecto Wales.

David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, describe al País como una primera línea de litigio para luchar contra el cambio climático. Incluye el primer caso constitucional de cambio climático en la región, presentado por un guía turístico indígena y un profesor universitario.

En febrero, Liz Deane-Hughes, cuyo padre fundó una de las firmas de abogados más respetadas de Georgetown, se unió virtualmente a otros activistas en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que las compañías petroleras han comprometido la gobernanza ambiental en Guyana. Estos activistas entablaron demandas contra las compañías petroleras.

Simone Mangal-Joly, especialista en medio ambiente y desarrollo internacional, dijo que el Gobierno no ha cumplido con sus deberes de supervisión. Como parte de su investigación doctoral en el University College London, descubrió que la Agencia de Protección Ambiental de Guyana había dispensado los estudios ambientales para todas las instalaciones que tratan desechos tóxicos o almacenan materiales radiactivos producidos por la producción de petróleo en alta mar.

Y en enero, la APA dispensó la evaluación ambiental para la planta propuesta en Wales porque Exxon Mobil, aunque no está construyendo la planta, había realizado una para el oleoducto.

La APA defendió la decisión. “Es una práctica buena y común” confiar en las evaluaciones ambientales existentes “incluso cuando las realizan otros desarrolladores de proyectos”, escribió un portavoz de la agencia.

Mangal-Joly dijo que la central eléctrica se ubica sobre un acuífero que suministra agua potable a la mayor parte del País. “Nuestro nivel freático es poco profundo”, dijo. “Estamos saqueando un recurso mucho más valioso que el petróleo”.

La dispensa enfureció a Deane-Hughes. Y la independencia de la junta que escucha las preocupaciones de los ciudadanos le pareció una farsa. Su presidente, Mahender Sharma, dirige la agencia de energía de Guyana, y su esposa dirige la nueva empresa gubernamental creada para administrar la planta de energía. En una audiencia de la junta, Deane-Hughes citó el mandato contra los conflictos de intereses en la Ley de Protección Ambiental y pidió a Sharma que se recusara. Seis semanas después, la junta tomó una decisión: permitió que la compañía eléctrica mantuviera su permiso ambiental sin hacer una declaración de impacto.

Para Melinda Janki, la abogada que maneja la mayoría de las demandas de los activistas, la pregunta es si Exxon Mobil puede hacer lo que quiera. “Aunque se trata de una enorme empresa petrolera, de todos modos tiene que obedecer la ley. El estado de derecho es el estado de derecho”, dijo.

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