Nos referimos al primer tratado internacional, aplicable para América Latina y el Caribe, al cual se han adherido veinticuatro países, que promueven el desarrollo sostenible, garantizando los derechos de acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia en temáticas ambientales, protección a los defensores de los derechos ambientales.
Dicho acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021, en el Día Internacional de la Madre Tierra.
El que Honduras se integre a dicho acuerdo conlleva beneficios diversos: en proyectos sostenibles, se vela por el respeto de los derechos de acceso y derechos humanos, generando mayor confianza a inversionistas extranjeros; se imparten capacitaciones a funcionarios, estudiantes, autoridades competentes, asociaciones, corporaciones, en temáticas de derechos de acceso a la información pública y justicia ambiental, participación ciudadana; las instituciones estatales contarán con un sistema de información pública accesible a todos, actualizado periódicamente y gratuita; adicionalmente que cualquier toma de decisiones en materia ambiental sea conocida por la ciudadanía, con ello reduciendo los conflictos socio-ambientales que tienden a agudizarse en la medida que se continúa con el modelo extractivista respecto a los recursos naturales, particularmente mineros y forestales.
Son los defensores de dicho modelo los que públicamente se oponen a que Honduras firme y ratifique tal acuerdo, que obviamente daña sus intereses, por lo que incluso han recurrido a la violencia para silenciar a los compatriotas y comunidades opuestas al daño irreversible de sus aguas y suelos, con severos daños a la salud. Son las etnias las que se posicionan en primera línea en oposición a tal saqueo y depredación sistemática, presentes a lo largo de nuestra historia.
El Gobierno aún está a tiempo de rectificar la decisión de construir una cárcel en Islas del Cisne, pese a la oposición de biólogos y ambientalistas. Al no hacer caso a las posiciones de dicho colectivo se provocará daño total a ese frágil medio ambiente. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear la Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorios y Materia Ambiental, priorizando la prevención y gestión de la conflictividad social relacionada con la tierra, territorios, medio ambiente, constituye un paso en la dirección correcta. Recuérdese que los casos judicializados por delitos ambientales son ínfimos, quedando los autores de ellos en total impunidad para continuar en su accionar criminal.
