Cuando en una corte de Nueva York inició el juicio para juzgar a Juan Orlando Hernández, el fiscal le acusó de “político corrupto”, de ascender al poder con el respaldo de narcotraficantes, de convertir a Honduras en un narcoestado y de ser el líder que “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a EE UU”, y señaló -y esto lo enfatizó- : esta conducta delincuencial la realizó con el apoyo de los militares, la Policía, el sistema judicial y funcionarios del Estado de Honduras.
El mandato constitucional de la apoliticidad, la no beligerancia y la sujeción al presidente de la República y al mandato de velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia fue introducido desde la Constitución de 1957. Los militares incumplieron esos mandatos al concluir el mandato de Villeda Morales: intervinieron en política e interrumpieron la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, empujados por los civiles del Partido Nacional, y se apoderaron del mando del país durante dos décadas tormentosas por el abuso del poder de los militares que los llevó a la corrupción, a la represión y la muerte de muchos hondureños. Son quizás esas acciones de los militares las que iniciaron el sentimiento de repudio entre el pueblo de Honduras.
Más recientemente, los militares allanaron el ascenso de Juan Orlando Hernández a la presidencia; empujados por los civiles del Partido Nacional, y dieron el golpe de Estado de 2009.
En esa oportunidad, los militares fueron partícipes de un golpe de Estado, un acto político, y lo hicieron a sabiendas de que la Constitución los categoriza como apolíticos, obedientes y no deliberantes. Las Fuerzas Armadas fueron el sostén armado de los regímenes nacionalistas iniciados con Porfirio Lobo, sustituido después por Juan Orlando Hernández, quien desde hacía un tiempo tenía ligaduras con el narcotráfico. El narcotráfico caminaba viento en popa con el apoyo del presidente Juan Orlando Hernández y al llegar casi al fin de su primer mandato, condujo a los magistrados a modificar la Constitución y permitió la ilegal reelección sin que los militares se mosquearan y no actuaron para cumplir la Constitución. Mostraban, las Fuerzas Armadas, como aseveró el fiscal, la colaboración con el presidente con sus actos criminales. Los militares hicieron todo esto sin medir las consecuencias que ahora pueden llevarles a los tribunales, a raíz de la acusación del fiscal en Nueva York.
El golpe de Estado, que fue seguido por una brutal represión por parte de los militares y la Policía, con el saldo de compatriotas asesinados, generó en el pueblo hondureño un repudio total a las Fuerzas Armadas, a tal grado que ahora hay un gran sector que pide suprimirlas. Ese desprestigio podría incrementarse con el señalamiento que de los militares se ha hecho en la Corte de Nueva York.
El diputado Ramón Barrios introdujo en el Congreso Nacional una moción para eliminar las atribuciones constitucionales de los militares, que son políticas. No hubo una adecuada respuesta en el Congreso, sobre todo entre los diputados nacionalistas, porque ellos siempre estuvieron detrás de los golpes de Estado, fueron quienes hablaron al oído de los militares para que ejecutaran los golpes de Estado, desde 1963, y para que permitieran la reelección de Hernández. Los resultados: el descrédito de los militares y el aprovechamiento de los civiles corruptos de la debilidad de algunos oficiales. He oído a muchos oficiales decir que ellos no están de acuerdo con esas atribuciones que les concede la Constitución: quieren ser apolíticos, no deliberantes y obedientes y no les parece correcto estar autorizados a realizar actos políticos y de insubordinación porque comprenden que siempre fueron utilizados para que ejecutaran los papeles sucios del drama, como ha pasado con la colaboración con el narcotráfico de Hernández de la que les acusa el Fiscal norteamericano.
Los militares deben estar conscientes de que no pueden volver a ser utilizados por los civiles antipatriotas en sus pretensiones de apoderarse de la conducción del Estado. ¿Qué hacer? Tienen hoy la gran oportunidad: presentar aumentada, como suya, los militares, la iniciativa del diputado Barrios, volver a los cuarteles a cuidar la soberanía nacional y la integridad territorial y dejar la política a los civiles.
las columnas de LP
