Crimen organizado permea alcaldías por débiles controles y poca investigación

San Pedro Sula.

Durante décadas, Honduras ha enfrentado una creciente preocupación por la integridad de sus líderes políticos locales.

La sombra del crimen organizado se ha extendido sobre varios alcaldes electos o exalcaldes, planteando serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos de control y selección de candidatos para cargos públicos. Numerosos casos han salido a la luz en los que los jefes edilicios han sido acusados de colaborar con grupos del crimen organizado o de participar directamente en actividades ilícitas.

El caso más reciente está asociado a Cristhian José Castillo, alcalde de El Triunfo, Choluteca. La Policía ofrece una importante recompensa económica luego de que un tribunal nacional ordenara su captura por suponerlo responsable de tráfico de drogas agravado. Según la Secretaría de Seguridad, Castillo dirige una estructura que moviliza cocaína ingresada al país desde Nicaragua.

Castillo forma parte de una decena de ediles y exediles que en las últimas décadas han resultado salpicados por la narcoactividad o el crimen organizado. LA PRENSA Premium documentó el caso de al menos 12 jefes municipales, ya se que estaban en funciones o ejercieron el cargo en el pasado, quienes enfrentaron procesos judiciales por tráfico de drogas o delincuencia organizada. Ciertos imputados fueron absueltos de sus cargos o fueron beneficiados con sobreseimiento provisional.

En este listado están los casos emblemáticos de Alexander Ardón, alias Chande, quien fue alcalde de El Paraíso, Copán, y se entregó a la justicia de Estados Unidos para colaborar; fue testigo contra Tony Hernández y Juan Orlando Hernández. También está Arnaldo Urbina, exedil de Yoro, Yoro, quien después de siete añosy dos meses en prisión en Honduras por lavado de activos, recibió sobreseimiento definitivo, pero después fue extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, en la lista hay jefes municipales de todas las latitudes del país y que en cierta forma sembraron terror en sus comunidades, según los investigadores. A estos casos viejos se le han sumado otros más recientes, lo que significa que hay un fallo en los controles para evitar que personajes vinculados al crimen organizado o acusados de graves delitos terminen en cargos de elección popular.

En el listado se contabilizan cinco ediles tras las rejas, entre culpables, con procesos en curso o extraditados. Dos han recibido arresto domiciliario, mientras que dos jefes municipales han quedado en libertad provisional e igual número resultó absuelto.

En agosto de 2023, la Fiscalía llevó a cabo la Operación Nutos para desarticular tres peligrosas estructuras responsables del tráfico de drogas, que en un lapso de cinco años lograron mover más de 90 toneladas de cocaína. En el caso específico del exalcalde de Brus Laguna, Gracias a Dios, Wilmer Manolo Wood, las investigaciones revelaron un historial delictivo que se extiende por más de 15 años.

Según informes de investigación, Wood habría estado involucrado en el traslado de drogas y dinero desde Gracias a Dios hacia Colón y Atlántida durante más de una década; sin embargo, en los últimos años se habría embarcado en una empresa independiente, supuestamente colaborando estrechamente con otros narcotraficantes y recibiendo grandes cantidades de droga. El desenlace judicial llegó el 20 de febrero de 2024, cuando una corte de apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa del exalcalde de Brus Laguna.

En mayo de 2023, los hermanos Noel Arturo y Denis Adelmo Martínez Girón, ambos con antecedentes como exalcaldes de Piraera, Lempira, fueron detenidos bajo la acusación de asesinato. Uno de ellos ocupó el cargo municipal en 1990, mientras que el otro lo hizo en 2006. Las investigaciones de las autoridades concluyeron que los hermanos habrían participado en el asesinato de Olvin Adonay Pineda Martínez, un joven agricultor residente en un caserío de Piraera.

Según informes de los agentes a cargo del caso, el móvil habría sido una enemistad personal. La justicia determinó imponerles arresto domiciliario tras presentar una caución de cinco millones de lempiras.

En noviembre de 2022, el Ministerio Público acusó a Pedro Armando Aguilar Orellana, quien se desempeñaba como alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, señalándolo como líder de una peligrosa banda en el noroccidente de Honduras. Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Aguilar era el cabecilla de una organización criminal y proveía armas, municiones y vehículos a sus cómplices. Aguilar fue electo en las elecciones de noviembre de 2021, representando al Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), lo que aseguraría la continuidad de este partido político para los próximos comicios en 2025.

A “El Patrón”, también conocido por este apodo, se le acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico, así como de tener un supuesto testaferro de los hermanos Rivera Maradiaga. Además, enfrentó acusaciones por el asesinato de su suegra y dos cuñados en mayo de 2016.

En agosto de 2021, cuatro personas fueron arrestadas con el decomiso de 2.4 toneladas de cocaína en Roatán, entre ellas el entonces alcalde Jerry Hynds. Durante la operación, el exedil fue descubierto detrás de una cisterna, viajando en un vehículo de doble cabina. En septiembre de 2023, un juez con jurisdicción nacional dictó un sobreseimiento provisional a su favor después de enfrentar acusaciones por narcotráfico.

Gonzalo Sánchez, catedrático universitario y especialista en seguridad pública, aseguró que “no se puede tapar el sol con un dedo, desde hace mucho tiempo se viene diciendo que algunos alcaldes están coludidos con miembros del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y las pandillas. Esto es grave y el Tribunal Superior de Cuentas tiene un papel crucial, pues no hay control sobre los fondos que financian las campañas, con cantidades estratosféricas”.

Sánchez urgió al Tribunal Superior de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y entidades como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, llevar un estricto control de estos fondos. “Si un alcalde sin recursos de repente gasta grandes sumas en una campaña, es evidente que algo anda mal”, advirtió.

Agregó que “los criminales tienen tanto dinero que pueden corromper a cualquier funcionario. Una vez en el poder, permiten el paso de droga a cambio de dinero, se vuelven permisivos. Este dinero no solo lo recibe el alcalde, se distribuye entre otros cómplices porque necesita más ayuda”.

“Un funcionario en seis meses o un año se vuelve millonario, con mansiones y grandes camionetas Prado ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde está el Tribunal Superior de Cuentas? Los entes de control del Estado deben supervisar de cerca el origen de los bienes utilizados en las campañas políticas”, sentenció en su análisis.

En diciembre de 2019, la justicia emitió una sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses de cárcel para José Adalid González Morales, exalcalde de Sulaco, Yoro, por su participación en asociación ilícita.

Por otro lado, Santos Gabriel Elvir Arteaga, exalcalde de Jocón, Yoro, fue señalado como líder de una banda delictiva conocida como Los Solís. A pesar de enfrentar acusaciones por sicariato, robo de ganado, asesinato y otros delitos, en abril de 2016, un juez con jurisdicción nacional decidió dictarle sobreseimiento provisional.

Además, el exalcalde del municipio de San Fernando, Ocotepeque, Jairón Aroldo Chinchilla Carrillo, fue señalado por su presunta participación en el asesinato de tres personas y se le acusó de ser el cabecilla de la banda conocida como Los Carrillo.

Según Nelson Castañeda, director de la sección de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la situación de política y crimen organizado en Honduras resulta preocupante especialmente en el contexto de la participación de personas en cargos de elección popular que se han visto vinculadas, así como la falta de eficacia por parte de entidades estatales en prevenir su inclusión.

Para el miembro de sociedad civil, los vínculos entre políticos y grupos criminales se fortalecen debido a la impunidad y falta de aplicación efectiva de la ley. Esto es atribuible a la falta de controles adecuados por parte de las entidades estatales que permiten que personas con vínculos con el crimen organizado puedan acceder y mantenerse en cargos políticos de poder. Otro aspecto, a su parecer, es la opacidad en los procesos de selección de candidatos y la falta de rendición de cuentas.

Castañeda recomendó al Gobierno invertir tiempo y recursos para fortalecer las instituciones encargadas de la selección y supervisión de candidatos políticos, esto incluye la transparencia en procesos electorales, rendición de cuentas de funcionarios públicos, divulgación de información sobre el financiamiento de campañas y antecedentes de los candidatos.

“Para lograr esto es necesario reformar las leyes y regulaciones relacionadas con la participación política, establecer criterios más estrictos de elegibilidad y prohibir expresamente la participación de personas con vínculos con el crimen organizado”, sostuvo.

La Unidad de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Asociación de Municipios de Honduras son los principales llamados a perfilar e identificar cualquier irregularidad en el financiamiento de campañas de alcaldes.

Una de las alternativas propuestas es la declaración jurada, mecanismo que permite conocer el patrimonio real de un aspirante en comparación a cómo cierra su período. De igual manera, es imperativo crear una unidad especial dentro del Ministerio Público que conozca e investigue este tipo de casos, ya que en época de elecciones se crean unidades especiales, las cuales no son permanentes.

El Tribunal Superior de Cuentas, según su Ley Orgánica, tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los funcionarios públicos. Esta tarea incluye examinar el patrimonio para detectar posibles irregularidades, como enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses. En los siete años de la última administración, entre 2016 y octubre de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas remitió 3,281 expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público (MP); sin embargo, solo 11 de los casos enviados al Ministerio Público fueron por la causal de enriquecimiento ilícito.

Nery Cerrato, expresidente de la Asociación de Municipios de Honduras, comentó que la transparencia de la rendición de cuentas es un eje transversal con todos los procesos de la administración municipal.

“Ha sido positivo, de cierto modo, la incorporación de todas más municipalidades al Sistema de Administración Financiera en línea para que absolutamente todo el proceso administrativo que incluye contratos, cuentas, proyectos e inversiones sean verificados por la Secretaría de Finanzas a diario”.

Cerrato ve como positivo los cabildos abiertos para rendir cuentas cada 25 de enero de cada año y junto a instituciones civiles como el Consejo Nacional Anticorrupción es importante fortalecer la transparencia. “Desconozco cuál es la realidad actual en las municipalidades, pero sigue siendo válido fortalecer estos controles en las municipalidades”, apuntó.

Recientemente, un juez dictó sobreseimiento para el exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Eduardo Avilez, y otras cuatro personas de su entorno familiar, a quienes la Fiscalía había acusado de lavar más de 300 millones de lempiras provenientes del narcotráfico.

En años anteriores, durante la Operación Avalancha, el Ministerio Público también imputó al entonces alcalde de Talanga, Jorge Neftaly Romero, quien fue procesado y condenado por vínculos con maras y pandillas. Después de pasar varios años en prisión, en agosto de 2018 recuperó su libertad tras ser absuelto.

Actualmente, en cortes de Estados Unidos, los exalcaldes hondureños Arnaldo Urbina Soto (Yoro, Yoro) y Alexander Ardón (El Paraíso, Copán) enfrentan cargos por narcotráfico. Después de siete años y dos meses en prisión en Honduras, la justicia otorgó sobreseimiento definitivo al exalcalde Arnaldo Urbina Soto, quien estaba acusado de lavado de activos, y posteriormente fue extraditado.