¿Qué cambia para los migrantes en Florida con la entrada en vigor de la ley de DeSantis?

San Pedro Sula.

Se esfumó la esperanza que conservaban especialistas en inmigración y defensores de derechos civiles de que fuera revocada la ley antiinmigrante SB 1718, antes que entrara en vigor este sábado en el estado de Florida, Estados Unidos.

Con ello, Florida se convierte desde hoy en un estado hostil contra su población de 772,000 migrantes indocumentados (según cálculos del centro de estudios Migration Policy Institute).

La zozobra comenzó desde el pasado 10 de mayo, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la ley. Centenares (se habla de miles) ya se movilizaron a otros estados con medidas menos agresivas.

No obstante, no todo está perdido o no todo es tan extremo, dicen especialistas consultados por este medio y otros expertos que han aclarado el tema en medios hispanos.

La constitución de los Estados Unidos protege a todas las personas sin importar la situación migratoria, existen derechos civiles y fundamentales como la libertad de expresión, libertad de culto, derechos a la privacidad, protección contra la invasión o revisión injustificada del hogar y, a la garantía de protección igualitaria.

Según la ley SB 1718, se penalizará a quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente a Estados Unidos con una sentencia de cinco años de prisión o una multa de cinco mil dólares por persona.

Esta medida, según conoció LA PRENSA Premium, ha generado un poco de temor entre los activistas que planeaban movilizarse con inmigrantes sin papeles.

No obstante, los expertos señalan que los indocumentados pueden hacer uso de la Quinta Enmienda de la Constitución que establece el derecho al debido proceso, es decir que ninguna persona será obligada a declarar contra sí mismo, ni a ser privado de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal.

La abogada Lily Maldonado, una hondureña especialista en migración federal radicada en Florida, lo refuerza de esta forma: no está obligado a revelar su estatus migratorio, además que los tripulantes de un vehículos tienen derecho a guardar silencio.

De igual forma, los inmigrantes tienen derecho al asesoramiento legal, según la Sexta Enmienda, que establece que en todos los procesos penales el acusado deberá contar con la asistencia de un abogado para su respectiva defensa.

Por otra parte, la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos incluye la protección para todas las personas, ciudadanos, residentes, turistas e inmigrantes, además que prohíbe la discriminación por cuestiones de raza, color de piel, religión, sexo o nacionalidad.

Esta normativa se aplica para cualquier escenario, como la parte académica en caso de los estudiantes, de vivienda en caso de los arrendadores, empleo, entre otros.

Podría haber escenarios donde los inmigrantes enfrenten situaciones en las cuales sus derechos pueden verse vulnerados.

Por ejemplo, ante un alto por oficiales de policía o del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los involucrados tienen derecho a permanecer en silencio y no dar detalles sobre su estatus migratorio a menos que los agentes lo exijan por cometer un delito.

Entonces, ¿si un agente pregunta el estatus migratorio qué se debe responder? “No tiene que responder, tampoco tiene que dejar entrar a nadie a su casa si no tiene una orden de cateo firmada por un juez o un policía”, respondió en una entrevista el abogado constitucionalista y de inmigración Ángel Leal el canal Univision.

La normativa también va contra los empleadores que hayan contratado a indocumentados. Las empresas con más de 25 trabajadores deben verificar el estatus migratorio de sus empleados en el sistema E-Verify y sanciona a quienes empleen a extranjeros no autorizados.

En cuanto a los derechos laborales, los inmigrantes pueden participar en organizaciones sindicales y organizaciones que protegen los derechos de los trabajadores, sin importar cuál sea su estatus.

De igual manera los trabajadores tienen derecho al salario mínimo, al pago de horas extras y a un entorno de trabajo seguro.

Las personas que tienen un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias, pueden trabajar con el permiso extendido por la autoridad competente y ser registrados en el programa E-Verify sin ninguna consecuencia, siempre y cuando el permiso tenga vigencia.

La norma exige a los hospitales, afiliados al Medicaid (un programa federal para cubrir gastos de personas de bajos ingresos o vulnerables) a registrar el estatus migratorio de los pacientes, pero la abogada Saman Movassaghi, especialista en migración, aclara en sus videos explicativos que en ningún momento se debe negar la atención médica.

“No afectará la atención del paciente y los datos no deben ser usados para informar las autoridades de migración (...) la intención es hacer un reporte trimestral de gastos y servicios según cada categoría”, aclaró.

Los inmigrantes también están protegidos de comerciales engañosas, a través de leyes de protección al consumidor a nivel de prácticas estatales y, a nivel nacional.

Para todos los inquilinos en la Florida y en Estados Unidos, los arrendadores no pueden pedir estatus legal como medida de cumplimiento a la ley SB 1718; quien lo haga puede ser objeto de demanda por temas discriminatorios.

En la Florida decenas de personas se han manifestado en las últimas horas bajo el lema “Todos somos Florida”, exigiendo al gobernador republicano DeSantis que retroceda con sus intenciones restrictivas.

“El daño no solo lo está sufriendo el inmigrante, los empresarios de la agricultura están perdiendo sus cosechas y el rubro de la construcción está presentando problemas serios. Las personas por el temor a esta ley, migraron para otros estados como Utah y Oregón” , enfatizó Orlando López, líder de la organización Francisco Morazán.

No solo la comunidad inmigrante está preocupada. En las autoridades locales se refleja incertidumbre.

“Me preocupa que nuestra comunidad viva con miedo y que no pueda ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, nuestra economía depende de los inmigrantes, desde el campesino que cultiva nuestra comida, los trabajadores de hotel, hasta los grandes empresarios” , concluyó en una entrevista reciente a un medio local Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami Dade, donde vive una gran parte de hondureños.

La especialista Lily Maldonado hace las siguientes recomendaciones en caso de que un ciudadano lleve consigo un indocumentado.

1. No divulgar su nacionalidad aun teniendo un estatus legal, esto evitará poner en evidencia al resto de acompañantes.

2. De sentirse hostigado por él o los agentes, guarde silencio, porque está en su derecho.

3. Todos los tripulantes en un vehículo, incluyendo el chofer, tienen derecho a hacer silencio.

4. Al sentirse amenazado o con temor, pida hablar con un abogado y haga una llamada telefónica.

5. Tenga a mano los números telefónicos y llame a la persona indicada en caso de ser detenido.

6. Por ningún motivo presente documentos fasos o de otra persona.