Extorsión en el transporte: muchas muertes y pocas denuncias

TEGUCIGALPA

Los sudores fríos suelen aparecer cuando el cuerpo humano responde a situaciones como el miedo, el dolor, la falta de aire o un estado de shock. En el caso de Noel (nombre ficticio para proteger la seguridad de la víctima) no sabía a cuál de todas estas razones se debía el líquido frío recorriendo su cuerpo, pero lo que sí sabía era la razón que lo había desatado: el sonido de los disparos. Ya eran las 11:20 de la mañana, el tiempo para entregar los 2,000 lempiras que le exigían había caducado.

Noel recordó la nota que le entregaron unas horas antes: “Tenés chance hasta las 11 AM, atte: El combo que no se deja”. Era una clara advertencia escrita en una hoja de papel acompañada de una bala, similar a las que comenzaron a perforar el bus en ese momento.

“Estaban en dos motos esperándome, cuando yo bajé el semáforo uno se bajó de la moto y me comenzó a balacear, yo les tiré el bus, pero después me quedé llorando de los nervios... hicieron diez tiros en total, la gente se me quería tirar y yo solo estaba llorando”, contó Noel recordando el horroroso momento.

Noel, afortunadamente, logró sobrevivir al atentado, sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. Un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, a partir de registros oficiales de la Secretaría de Seguridad, descubrió que el rubro del transporte es el más afectado cuando se trata de la extorsión, ya que es el que menos denuncias realiza, pero el que más homicidios asociados a este delito acumula.

En los últimos nueve años (desde 2015 hasta febrero de 2024), la Secretaría de Seguridad registró más de 13,000 denuncias por extorsión en el país. De ese total, solo el 10% fueron interpuestas por el sector transporte.

En el caso de homicidios ocurre diferente: entre 2015 y 2023 se contabilizaron 421 muertes violentas producto de la extorsión, de las cuales la mitad (224) corresponde a trabajadores en el sector transporte.

LA PRENSA realizó un recorrido en taxi para conocer más de cerca el sufrimiento del sector transporte bajo este cobro ilegal.

Mientras manejaba por las calles de Tegucigalpa en busca de su destino, el taxista comenzó a conversar sobre las largas jornadas de trabajo que tenía que laborar y el poco dinero que le quedaba debido al pago de la extorsión.

“Yo me salvo porque el taxi es mío, y si yo quiero me descanso cualquier ratito, pero cuando no, es fregado por el impuesto”, contó el conductor, lamentándose por quienes no poseen su propio vehículo y, aparte de pagar la cuota a los extorsionadores, también deben costear el alquiler del taxi o el número en servicio.

En el caso del taxista su cuota a pagar era de 1,000 lempiras. Sin embargo, para Noel, quien manejaba un bus de la ruta urbana, era de 2,000 lempiras.

Un simple cálculo ayuda a dimensionar cuánto ingresan estos grupos criminales con esta tarifa. La empresa para la que trabajaba Noel es dueña de 80 buses, cada uno con una cuota de 2,000 lempiras, es decir, que solo esta empresa de transporte entregaba 160,000 lempiras a extorsionadores de forma semanal.

Este pago no es negociable, ya que quien se atreve a negarse puede morir en el intento; en los últimos nueves años la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) registró 421 muertes por extorsión.

El 53% de las víctimas mortales fueron trabajadores del transporte, mientras que el 19% pertenecían al área del comercio.

En el 14% de los casos los fallecidos tenían ocupaciones particulares y del 14% restante no se identificó su ocupación.

Pese a ser el grupo más golpeado, los transportistas son los que menos denuncian, a juzgar por los datos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Solo el 10% de los reportes provienen de los operadores de buses y taxis, según el análisis de LA PRENSA Premium.

La mayoría de denuncias se originan en el rubro del comercio (en siete de cada diez casos).

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que el transporte reporta la mayor cantidad de muertes, pero es el que menos denuncia la extorsión y esto se debe a una señal de desconfianza.

“Es un fenómeno que ha afectado el rubro del transporte por más de 20 años, por lo que a estas alturas se ha arraigado fuertemente en el sector y la confianza va decreciendo... entre menos denuncias hay, es que menos confianza tengo en las autoridades”, expuso.

Además, destacó que otro punto importante por el que el transporte se ha vuelto uno de los sectores más vulnerables ante la extorsión es que “es un trabajo a diario que se expone mucho por el hecho de estar todos los días en la calle”.

Por otro lado, el dirigente del transporte Wilmer Cálix, atribuyó esta problemática a que este rubro es el “más intimidado”, y por eso “la gente no quiere denunciar”, ya que si “sale que usted va a denunciar, lo están esperando a la salida para asesinarlo, entonces poca gente lo haría”. De igual forma, mencionó que es un área “fácil de extorsionar” para los grupos criminales, ya que “el dinero anda en efectivo en esta área”.

Pese a todas las estrategias, los equipos especializados conformados y los fondos inyectados para combatir este flagelo, las denuncias de extorsión han ido en ascenso en los últimos años.

Inicialmente, 2015 registró 980 denuncias, sin embargo, esa cifra fue aumentando cada año hasta llegar a 2019 que contabilizó 2,217, es decir, que en estos cinco años la extorsión en Honduras aumentó un 126%.

Luego, en 2020 a pesar de que fue el año de la pandemia, se reportaron 1,484 denuncias, y aunque es una cifra menor a la del año anterior, para 2021 la cantidad de denuncias volvió a elevar su pico a 1,908 y 2022 cerró con 1,812.

En 2023, la cifra de denuncias por extorsión se redujo a 947. En este año se implementó el estado de excepción, una medida para combatir la criminalidad y la extorsión en el país.

Sin embargo, los expertos temen que el estado de excepción se vuelva una regla y no la excepción. Así opinó el director de Seguridad de la ASJ, Nelson Castañeda: “Es un mecanismo excepcional” y preocupa que “se esté manejando como una política y su permanencia lo que está generando son una gran cantidad de violaciones a los derechos y garantías que la constitución sede a la ciudadanía”.

Castañeda agregó que, además de que esta medida está provocando una gran cantidad de violaciones a los derechos de la población, preocupa que “no se ve reflejado en los resultados en la lucha y el combate contra la extorsión que propiamente para eso fue decretado el estado de excepción”.

“Por lo tanto, se espera que las autoridades desistan de seguir solicitando que se siga ampliando este estado de excepción y más bien se empiece a generar una estrategia o un plan integral”, expresó Castañeda.